Sí hubo "debate", pero no participó la población

Cuauhtémoc Ruiz Ortiz

El país ha cambiado. En 1993, Carlos Salinas y 64 senadores decidieron por 100 millones de mexicanos suscribir el Tratado de Libre Comercio (que fue más bien un pacto de semicolonización del país) con los países norteños. Mientras en Canadá y Estados Unidos hubo una gran discusión en la que participaron no sólo políticos sino también sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanía, en México no hubo nada parecido a una polémica o intercambio de ideas en los que pudiese participar la población. Salinas dominaba el Senado y éste dócilmente acató la orden de capitular.

Ahora, ante el proyecto petrolero del gobierno de Calderón y el PAN, éstos se han visto obligados a aceptar un proceso de discusión de unos dos meses, y ello es un avance porque el pueblo ha podido conocer los argumentos de los defensores y críticos de la iniciativa. Los opositores le han pegado duro a los panistas, que están casi solos en su afán de abrir plenamente el negocio petrolero a los empresarios. También ha quedado claro, porque la propuesta de Calderón es descarada, que de aprobarse la reforma, la Constitución del país sería violada.

Pero el "debate", contrario a lo que dice la publicidad del Senado de la República, no incluyó a la "sociedad", sino sólo a las élites políticas y académicas. No existen herramientas, mecanismos ni instancias para que se exprese directamente el trabajador, el campesino, el ciudadano de a pie. Las limitaciones de esta polémica revelan que en México es largo todavía el camino democrático por recorrer. Las organizaciones sociales y las universidades públicas carecen de canales de tv y radio, actualmente monopolizadas por los más ricos. En los sindicatos y en las organizaciones sociales no existe la costumbre entre sus miembros de discutir, porque la democracia no ha llegado a la gran mayoría de ellos, o porque circunscriben su actividad al gremialismo, a la defensa de sus intereses más inmediatos.

Se requiere la nacionalización de los medios de comunicación, sobre todo de los electrónicos, y su entrega a las organizaciones obreras, comunales, campesinas, indígenas; así como de la democratización de estas agrupaciones.

Mientras tanto, el Congreso de la Unión puede ya aprobar cambios constitucionales para que se puedan poner en práctica mecanismos de consulta y decisión ciudadana, como el referéndum, la consulta y la iniciativa populares. El debate es insuficiente. Un referéndum podría permitir la expresión de toda la población en edad de votar y sería un paso adelante en democratizar el país. Pero para que sea efectiva es preciso que tenga un carácter vinculatorio; es decir, que obligue al gobierno a acatar sus resultados.